El concepto de gobernanza cultural se refiere a las estructuras y procesos que están diseñados (o que hace falta diseñar) para asegurar la responsabilidad, transparencia, respuesta, equidad, inclusión, estabilidad, rendición de cuentas y participación amplia entre los actores del sector cultural (sociedad, gobierno, iniciativa privada, etc.). Por lo tanto, se encuentra a su vez relacionada con la respuesta ágil y efectiva por parte de los organismos de gobierno para volver eficiente la gestión del sector público, además de la creación de marcos legales para la promoción de espacios de colaboración entre el Estado, la sociedad civil y el mercado para lograr un desarrollo económico, social e institucional de carácter estable.
A la luz del contexto actual —y a casi dos décadas de la creación de la Ley de Fomento a la Cultura (2002), que dotó de cierta autonomía, transparencia y rendición de cuentas a la Secretaría de Cultura— el trabajo colaborativo de IPC permitió identificar importantes áreas de oportunidad para robustecer e innovar la gobernanza cultural y los marcos jurídicos existentes. Así mismo, se identificó la necesidad de procurar una política cultural efectiva que garantice la exitosa descentralización de la cultura. Sólo en la medida en que las manifestaciones culturales y artísticas sean preservadas, creadas, promovidas y disfrutadas por las distintas comunidades de los 125 municipios que integran la entidad, se podrá hablar de una verdadera descentralización de la cultura.
Las recomendaciones derivadas de este trabajo se orientan fundamentalmente a incrementar la participación y representación ciudadana en la toma de decisiones, generar confianza y certeza entre gobierno y agentes culturales, volver eficientes los procesos burocráticos y asegurar la continuidad y evaluación de resultados de los programas y acciones de forma transexenal.